En profundidad
Del litigio estratégico a la deliberación ciudadana. La disputa por el control democrático de los centros de datos
Hipótesis
La expansión de los centros de datos empieza a dejar de ser una cuestión invisible. Mientras en Cataluña se aprueban nuevas instalaciones, Aragón afronta el primer recurso contencioso-administrativo en España contra la ampliación de los centros de Amazon Web Services. En Francia, en julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Grenoble suspendió cautelarmente el permiso de construcción de un macrocentro de computación dedicado a la inteligencia artificial. Casos similares empiezan a aparecer en otros territorios.
Estos conflictos revelan algo más que una disputa sobre el impacto ambiental de una infraestructura concreta. Los centros de datos están convirtiendo la expansión de la inteligencia artificial en una cuestión territorial y democrática: quién decide qué infraestructuras se construyen, qué recursos pueden consumir, qué impactos son aceptables y qué capacidad tienen las comunidades afectadas para intervenir.
Cuando esas preguntas se plantean una vez concedidos los permisos, comprometidas las inversiones o iniciados los proyectos, buena parte de la capacidad de elección ya ha desaparecido. El conflicto acaba entonces desplazándose hacia uno de los pocos espacios donde todavía es posible cuestionar la decisión: los tribunales.
Pero ¿tiene que ser siempre así? ¿Podemos crear mecanismos capaces de hacer visibles los conflictos, producir información pública y deliberar sobre alternativas antes de que las decisiones sean prácticamente irreversibles?
- Quién tiene legitimidad para decidir cuánta agua, energía y territorio puede destinarse a la expansión de la infraestructura digital
- Cómo pueden intervenir las comunidades afectadas antes de que las principales decisiones sean irreversibles
- Pueden el litigio estratégico y la deliberación ciudadana funcionar juntos para democratizar estas decisiones
Story of me: ¿Por qué creemos que esta cuestión es relevante?
En Platoniq llevamos años trabajando sobre una pregunta que atraviesa buena parte de nuestros proyectos: cómo hacer que las infraestructuras digitales puedan gobernarse de forma más democrática. Lo hemos hecho desde la participación ciudadana, el diseño de procesos deliberativos, las tecnologías cívicas y plataformas como Decidim, explorando cómo abrir espacios para que las personas puedan intervenir no solo en decisiones concretas, sino también en las reglas, instituciones y sistemas tecnológicos que condicionan esas decisiones.
La expansión de la inteligencia artificial obliga, sin embargo, a ampliar esa pregunta. Democratizar una plataforma o crear mejores mecanismos de participación en línea no es suficiente si dejamos fuera de la discusión las infraestructuras materiales que hacen posible el ecosistema digital. Los centros de datos convierten cuestiones que a menudo percibimos como abstractas: la nube, los modelos de inteligencia artificial, el almacenamiento o la capacidad de cómputo, en decisiones muy concretas sobre agua, energía, suelo, planificación territorial e inversión pública.
Ecosistema español de Data Centers
Asociación Española de Data Centers
Aquí aparece una tensión que reconocemos también en otros procesos participativos: cuando la ciudadanía entra en escena demasiado tarde, su capacidad de incidencia se reduce drásticamente. Participar sobre un proyecto cuando las inversiones están comprometidas, los permisos avanzados y las principales decisiones ya tomadas puede convertir la participación en un ejercicio de validación más que de decisión. En el caso de los centros de datos, esa asimetría es todavía mayor por la complejidad técnica de los proyectos, la dificultad para acceder a información comparable y la velocidad con la que están avanzando las inversiones.
Por eso nos interesa mirar estos conflictos no únicamente como disputas ambientales o tecnológicas, sino como problemas de diseño democrático. El litigio estratégico que está apareciendo en Aragón y en otros territorios muestra qué ocurre cuando los mecanismos institucionales previos resultan insuficientes: los tribunales se convierten en uno de los pocos espacios disponibles para exigir información, cuestionar procedimientos y poner límites. Pero también plantea otra pregunta: ¿qué instituciones democráticas necesitamos para que estas discusiones puedan producirse antes de que el conflicto llegue a los tribunales?
Story of us: cuando la infraestructura digital se convierte en una cuestión territorial
En Aragón, Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para frenar la ampliación de los centros de datos de Amazon Web Services. La organización lo plantea explícitamente como un litigio estratégico contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) que habilita cinco ampliaciones de AWS en la región. El recurso cuenta con el apoyo de Ecologistas en Acción Aragón, los movimientos vecinales TuNubeSecaMiRío y No a los centros de datos Aragón, investigadoras universitarias, la Cátedra UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible y otras asociaciones.
Una de sus principales reclamaciones es lo básico: saber cuánta agua van a consumir realmente estas infraestructuras. Los datos concretos siguen siendo difíciles de obtener, aunque sí sabemos que en 2025 AWS solicitó ampliar en un 48 % la disponibilidad de agua para sus centros de datos en Aragón. El caso permite observar una paradoja que se repite en la expansión de la infraestructura digital: decisiones capaces de comprometer durante décadas recursos esenciales de un territorio pueden avanzar sin que las comunidades afectadas dispongan de información suficiente para evaluar sus consecuencias.
El litigio busca crear un precedente para futuros centros de datos. Buscamos por supuesto paralizar el proyecto y frenar el abuso de figuras como el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) que suponen un atropello a la participación pública y la planificación democrática. No se puede otorgar privilegios como los que otorga el PIGA a proyectos que adolecen de una falta de transparencia tan enorme como el de Amazon Web Services. El gobierno de Aragón está haciendo un bienvenido Mr. Marshall y regalando a una gran multinacional el territorio y sus recursos. Por todo ello y más motivos nos oponemos a este PIGA y deseamos que este proyecto, enormemente perjudicial para Aragón, no se materialice
Cada nuevo centro de datos necesita electricidad, agua, suelo, conexiones a la red y, con frecuencia, nuevas infraestructuras energéticas asociadas. El problema no es únicamente cuánto consume cada instalación, sino qué ocurre cuando decenas de ellas se concentran en determinados territorios y empiezan a competir por recursos que ya son limitados.
La electricidad permite entender el cambio de escala. En 2022, antes de la expansión acelerada de la inteligencia artificial generativa, los centros de datos ya representaban entre el 1,8 % y el 2,6 % de la demanda eléctrica de la Unión Europea. El porcentaje medio oculta, sin embargo, fuertes concentraciones territoriales: en Irlanda alcanzaba ya el 18 % del consumo eléctrico nacional. Las proyecciones apuntan además a un fuerte crecimiento durante esta década, impulsado especialmente por las nuevas necesidades de cómputo de la inteligencia artificial.
Algo parecido ocurre con el agua. Los centros de datos europeos podrían necesitar alrededor de 90 millones de metros cúbicos anuales, principalmente para refrigerar los equipos y sostener los procesos energéticos asociados. La presión se vuelve especialmente problemática cuando esta demanda se concentra en territorios sometidos a sequías recurrentes o estrés hídrico. El propio Joint Research Centre de la Comisión Europea identifica Aragón como uno de los futuros polos europeos de centros de datos y, al mismo tiempo, como un territorio vulnerable a la escasez de agua.
Es precisamente esta concentración la que convierte una cuestión aparentemente técnica en una decisión política y territorial. Evaluar cada centro de datos de manera aislada puede hacer invisible el efecto acumulativo de varios proyectos sobre una misma red eléctrica, una misma cuenca hidrográfica o una misma comarca. Y si las infraestructuras necesarias para alimentarlos, como las subestaciones, sistemas de refrigeración, plantas de generación o redes de transporte energético, se tramitan mediante procedimientos diferentes, el impacto conjunto puede desaparecer administrativamente aunque siga existiendo materialmente.
A esta fragmentación se suma un problema de información. La regulación europea empieza a exigir datos sobre consumo eléctrico, agua, refrigerantes o aprovechamiento del calor residual, pero las métricas disponibles siguen siendo incompletas y difíciles de comparar. El Joint Research Centre advierte de que las grandes empresas tecnológicas publican información insuficiente, utilizan indicadores diferentes o presentan cifras agregadas que dificultan conocer el impacto real de una instalación concreta en el territorio donde opera.
Por eso el conflicto aragonés no puede entenderse únicamente como una oposición local a Amazon. La pregunta que plantea es mucho más amplia: ¿cómo puede una comunidad deliberar sobre los costes y beneficios de una infraestructura cuando no dispone de la información necesaria para hacerlo?
El litigio estratégico como herramienta ciudadana
De hecho, en distintos países, organizaciones ecologistas, comunidades locales y entidades de interés público están recurriendo a los tribunales para cuestionar un modelo de autorización que tiende a evaluar cada centro de datos como una instalación independiente, aunque sus impactos dependan de sistemas mucho más amplios: redes eléctricas, plantas de generación, subestaciones, sistemas de refrigeración y recursos hídricos compartidos.
Estos litigios no se dirigen necesariamente contra toda infraestructura digital. Lo que ponen en cuestión es cómo se decide, con qué información y sobre qué escala se evalúan sus impactos. Los distintos casos permiten identificar al menos cinco aprendizajes relevantes:
1) La importancia de intervenir antes de que los impactos sean irreversibles. En Rovaltain, Francia, el Tribunal Administrativo de Grenoble suspendió en julio de 2026 el permiso de construcción de un macrocentro de computación para inteligencia artificial promovido por Sesterce en Alixan. El juez apreció dudas serias sobre la legalidad de la autorización, especialmente por la ausencia de un estudio de impacto ambiental y posibles incompatibilidades urbanísticas. El interés del caso no reside únicamente en la suspensión del proyecto, sino en el momento en que se produce: el control judicial actúa antes de que la construcción consolide una situación difícilmente reversible.
2) Los impactos no pueden evaluarse al margen del contexto territorial. En Cerrillos, Chile, residentes y el ayuntamiento impugnaron parcialmente la autorización ambiental de un centro de datos de Google previsto en el área metropolitana de Santiago. En 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente la aprobación y ordenó repetir parte de la evaluación para incorporar los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua. El litigio obligó así a dejar de mirar únicamente el consumo declarado por la instalación y a preguntarse qué significa ese consumo en un territorio sometido a sequía y presión sobre el acuífero. Google terminó retirando la propuesta y anunció su reformulación.
3) La necesidad de evitar que los impactos se fragmenten administrativamente. Irlanda ofrece varios ejemplos especialmente relevantes porque los centros de datos tienen ya un peso considerable sobre su sistema eléctrico. En Ennis, residentes y organizaciones ambientales impugnaron conjuntamente los permisos de un centro de datos y su subestación alegando que no se habían considerado adecuadamente sus emisiones ni su compatibilidad con las obligaciones climáticas del país. En Newcastle, Dublín, otra acción judicial ha dirigido la atención hacia la planta energética asociada a un complejo de centros de datos. Ambos casos plantean la misma cuestión: evaluar únicamente el edificio puede ocultar buena parte de su impacto si la electricidad, las subestaciones o la generación de respaldo se tramitan como proyectos separados.
4) Declarar una infraestructura como estratégica no elimina la obligación de justificar sus impactos. En Iver, Buckinghamshire, las organizaciones Foxglove y Global Action Plan promovieron una revisión judicial contra la autorización de un centro de datos de hiperescala de aproximadamente 72.000 metros cuadrados. El Gobierno británico había aprobado el proyecto pese a la oposición municipal y sin exigir una evaluación ambiental completa. En 2026, la propia Administración reconoció un error grave en su razonamiento y aceptó que el permiso debía anularse. El caso cuestiona una premisa cada vez más frecuente: que el carácter estratégico o crítico de la infraestructura digital pueda utilizarse para reducir las garantías ambientales o democráticas que acompañan a su autorización.
5) Cuando numerosos proyectos se concentran en un mismo territorio, la oposición ciudadana puede obligar a pasar de discutir instalaciones individuales a cuestionar la estrategia territorial en su conjunto. En Escocia, la fuerte oposición a nuevos centros de datos ha llevado al Gobierno a reforzar la supervisión de las instalaciones de más de 50 MW y ha abierto incluso el debate sobre una posible moratoria temporal. El caso muestra que evaluar correctamente cada proyecto por separado puede no ser suficiente: cuando la acumulación transforma el uso del agua, la energía y el territorio, la pregunta pasa a ser si una región quiere convertirse en un gran nodo de procesamiento de datos, bajo qué condiciones y con qué límites democráticamente acordados.
Vistos en conjunto, estos casos hacen algo más que cuestionar proyectos concretos. Amplían aquello que debe considerarse políticamente relevante antes de autorizar una infraestructura digital. Muestran la necesidad de intervenir antes de que los impactos sean irreversibles; evaluar cada proyecto dentro de su contexto climático y territorial; evitar la fragmentación entre centros de datos y las infraestructuras energéticas que los sostienen; someter a escrutinio las declaraciones de interés estratégico; y, cuando los proyectos se acumulan en un mismo territorio, abrir una discusión previa sobre el modelo de desarrollo que esa concentración está produciendo.
En ese sentido, el conflicto deja de ser únicamente ambiental o urbanístico. Obliga a plantear una pregunta anterior: ¿quién decide que un territorio debe convertirse en un nodo estratégico de infraestructura digital y mediante qué proceso democrático se establecen sus límites?
El caso aragonés muestra claramente esa lógica reactiva. La primera acción judicial contra la ampliación de AWS necesitó recaudar 15.000 euros en tres meses bajo el lema “Frena a Amazon, defiende Aragón” para afrontar los costes del procedimiento. Esa movilización puede equilibrar parcialmente las capacidades ante los tribunales, pero no resuelve el déficit democrático anterior: ¿por qué ha sido necesario llegar a los tribunales para discutir cuestiones que podrían haberse planteado antes de autorizar la expansión?
El litigio estratégico puede corregir abusos, exigir transparencia y detener decisiones cuando los mecanismos ordinarios fallan. Pero no sustituir un espacio donde la sociedad pueda discutir previamente qué infraestructuras necesita, qué límites deben imponerse y qué costes considera aceptables. El reto, por tanto, no es elegir entre litigio y participación, sino conectar la capacidad de control que ofrece el primero con mecanismos deliberativos capaces de intervenir antes de que las alternativas hayan desaparecido.
Story of now: del litigio reactivo a la deliberación estratégica
El litigio estratégico está demostrando que puede abrir grietas importantes en decisiones que, de otro modo, avanzarían con escaso control público. Puede obligar a las administraciones a justificar por qué un proyecto responde al interés general, exigir evaluaciones ambientales más completas, cuestionar la fragmentación de impactos entre distintos expedientes y reclamar información que no estaba disponible. Pero tiene una limitación evidente: interviene cuando buena parte de la decisión ya ha sido tomada.
Por eso, el reto no es sustituir el litigio, sino desplazar parte de esa capacidad de cuestionamiento a una fase anterior. Si sabemos que determinadas infraestructuras pueden comprometer durante décadas cantidades significativas de agua, energía y territorio, la deliberación pública no debería comenzar cuando aparece el conflicto, sino antes de que las principales alternativas hayan desaparecido.
Aquí proponemos pensar el litigio estratégico y los mini-públicos como dos piezas de una misma arquitectura democrática. El litigio actuaría como mecanismo de control y garantía cuando las administraciones incumplen sus obligaciones o las decisiones vulneran derechos y procedimientos. Los mini-públicos, en cambio, permitirían intervenir cuando todavía es posible discutir qué debe hacerse, bajo qué condiciones y qué límites deberían establecerse.
En la práctica, esto podría traducirse en la creación de una Asamblea Ciudadana sobre Infraestructuras Digitales vinculada a los procesos de planificación y autorización de grandes centros de datos. No se trataría de organizar una consulta abierta al final de la tramitación, sino de activar un proceso deliberativo antes de que las decisiones fundamentales estén cerradas. Una muestra de ciudadanía seleccionada mediante sorteo cívico podría trabajar durante varias sesiones con información contrastada sobre consumo de agua y electricidad, ocupación del territorio, empleo, fiscalidad, emisiones, infraestructuras energéticas asociadas y escenarios futuros de crecimiento.
La primera condición de ese proceso tendría que ser el derecho a conocer. Empresas y administraciones deberían aportar información comparable sobre los impactos previstos de cada instalación y, sobre todo, sobre sus efectos acumulativos en el territorio. La deliberación difícilmente puede ser democrática si unos actores conocen las necesidades reales de agua, energía o expansión futura y otros tienen que recurrir a solicitudes de información o procedimientos judiciales para descubrirlas. Cuando existan incertidumbres o datos contradictorios, estas deberían formar parte explícita del proceso, en lugar de ocultarse bajo una apariencia de certeza técnica.
La asamblea tampoco debería limitarse a escuchar presentaciones de expertos. Tendría que poder interrogar las premisas del proyecto. ¿Es necesaria toda la capacidad de cómputo prevista? ¿Por qué debe localizarse en ese territorio? ¿Qué alternativas existen? ¿Cuáles son los límites aceptables de consumo hídrico o energético? ¿Qué ocurre si se producen varios proyectos simultáneamente? ¿Qué recursos deben quedar protegidos incluso si eso reduce la inversión? La deliberación empezaría así antes de aceptar como inevitable la infraestructura propuesta.
Eso exige también ampliar quién participa en la producción de conocimiento. Junto a especialistas independientes en energía, agua, clima o infraestructura digital, deberían intervenir las empresas promotoras, las administraciones responsables, investigadores, organizaciones ambientales, agentes económicos y comunidades de los territorios afectados. El objetivo no sería eliminar el conflicto entre intereses, sino hacerlo visible y deliberable, permitiendo que las distintas posiciones puedan ser cuestionadas bajo condiciones más equilibradas de información y tiempo.
El resultado del mini-público tendría además que incorporarse formalmente al procedimiento administrativo. Sus recomendaciones podrían establecer condiciones de autorización, límites de consumo, obligaciones de transparencia, medidas de compensación territorial, mecanismos de seguimiento o incluso criterios para determinar cuándo un proyecto no debería aprobarse. La administración seguiría teniendo capacidad de decisión, pero estaría obligada a responder públicamente a las recomendaciones y justificar cualquier decisión que se apartara de ellas.
La intervención no terminaría con la autorización. Los datos sobre consumo real de agua y energía, cumplimiento de compromisos, empleo generado e impactos territoriales deberían seguir siendo públicos y revisables. Una instancia ciudadana o independiente podría realizar un seguimiento periódico y activar nuevas revisiones cuando las condiciones cambien significativamente. De esta manera, la participación dejaría de ser un momento puntual y pasaría a formar parte de la gobernanza de la infraestructura durante todo su ciclo de vida.
Momento de la votación
Asamblea Ciudadana para el Clima (2022)
A esta combinación la podemos llamar deliberación estratégica: intervenir precisamente allí donde todavía existen alternativas y conectar esa deliberación con mecanismos capaces de producir consecuencias institucionales. No se trata de añadir participación a un proyecto ya decidido, sino de incorporar capacidad democrática en los momentos en los que se determina qué infraestructura se construye, qué recursos puede utilizar y qué obligaciones debe asumir.
Aragón podría convertirse en un laboratorio especialmente relevante para probar este modelo. El litigio contra la ampliación de AWS ya está haciendo visible aquello que los procedimientos ordinarios no consiguieron resolver: la necesidad de información, de evaluación acumulativa y de una discusión pública sobre los límites de la infraestructura. La siguiente pregunta es si necesitamos esperar al próximo litigio para mantener esa conversación.
Entonces, ¿qué hacemos?
¿Podría Aragón convertirse en el lugar donde ensayar otra forma de decidir sobre las infraestructuras de la IA?
Desde Platoniq queremos seguir explorando cómo combinar deliberación ciudadana, acceso público a los datos y mecanismos de accountability en decisiones sobre infraestructuras digitales. Si estás trabajando desde comunidades afectadas, administraciones, investigación, organizaciones ambientales o gobernanza tecnológica, nos interesa conocer qué herramientas y experiencias podrían formar parte de este modelo.
